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Alto a la explotación sexual infantil

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Desde la sociedad civil, hacemos un llamado urgente para fortalecer los mecanismos de procuración e impartición de justicia, los sistemas de protección integral y especial de la niñez, los mecanismos para la identificación, investigación y acceso a la justicia en casos de abuso y explotación sexuales contra niñas, niños y adolescentes, así como la protección y reparación integral de los derechos de las víctimas.

México ocupa los primeros lugares a nivel mundial en temas de violencia, explotación y trabajo infantil; es el 2do. país destino de turismo sexual infantil a nivel global y el 1er. lugar mundial en consumo de pornografía infantil (Policía Cibernética Federal, 2018). Tan solo la explotación sexual infantil genera 24,000 millones de dólares anualmente, más que la venta de armas (Infancia en Común).

27% de víctimas identificadas de trata de personas son niñas, niños y adolescentes, el 70% de las víctimas totales de trata de personas tienen fines de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual (CNDH,2019)

El Estado mexicano, ha ratificado una serie de instrumentos internacionales que lo obligan a proteger a la niñez en casos de explotación sexual, como la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente para mujeres y niños.

El artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de las autoridades federales y municipales de tomar las medidas necesarias para la prevención, atención y sanción en los casos de trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación.

Las autoridades educativas tienen la obligación de crear espacios seguros en los centros escolares para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse de manera integral, se encuentren protegidos y libres de riesgos que vulneren sus derechos.

No obstante, ante las recientes publicaciones por parte de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) acerca de la explotación sexual infantil que se vive al interior de las escuelas, se ha visibilizado un grave problema de impunidad desde el año 2011, en el cual se impuso la primera denuncia que puso en evidencia que más de 30 niñas y niños de edad preescolar habían sido abusados sexualmente por personal de una escuela pública en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Este escenario se ha extendido a la actualidad, en el que se han contabilizado 37 casos como posibles coincidencias en patrones, pero sólo ha sido posible conocer a mayor detalle lo referido por las víctimas en 18 escuelas en siete estados: Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Morelos, Estado de México, San Luis Potosí y en Baja California.

Exhortamos a las autoridades educativas para crear estrategias de protección, vigilancia y denuncia en casos de abuso y explotación sexuales dentro de los centros escolares para que la niñez se desarrolle en espacios seguros.

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